Líderes del gobierno local renuevan esfuerzos para cumplir la ley que protege a inmigrantes de estafadores

La directora de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la ciudad de Filadelfia dijo que la agencia liderará una iniciativa nueva, con tal de proteger a los inmigrantes locales de los estafadores que proveen servicios fraudulentos de inmigración. Dicho esfuerzo incluiría hacer cumplir la ley promulgada en 2014, que sigue sin implementarse.

“Sabemos que el fraude en los servicios de inmigración es frecuente y desenfrenado, y hay constantes ataques contra la comunidad de inmigrantes”, dijo Amy Eusebio, quien fue designada directora de la Oficina de Asuntos del Inmigrante hace cuatro meses por el alcalde Jim Kenney. “Vamos a hacer de esto una prioridad ahora, que es temporada alta, cuando las personas se aprovechan de los inmigrantes”.

La promesa de Eusebio se produjo en respuesta a una investigación publicada por El Inquirer, que detalla cómo dos proveedores de servicios fraudulentos de inmigración se hicieron pasar por abogados y cobraron pagos descomunales a los inmigrantes del área, robándoles la oportunidad de obtener un estatus migratorio legal.

La investigación reveló que cinco años después de que la ciudad promulgara la ley, ni un solo negocio cumple con la pieza legislativa, que requiere que los dueños se registren anualmente con el Departamento de Licencias e Inspecciones, y que les ordena publicar letreros destacados que indiquen que no son abogados, tanto en inglés como en español.

En aquel momento, dicha ley antifraude estaba considerada entre las más completas y defensoras en todo el país.

“Tenemos una de las mejores leyes municipales en los libros”, dijo la concejal Helen Gym. “No hay ninguna razón por la que no podamos actuar en este momento... Solo tenemos que seguir adelante”.

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Gym dijo que los funcionarios de la ciudad deben comenzar con registrar a los proveedores de servicios de inmigración que sean conocidos en el área y asegurarse de que cumplan con los requisitos de la ley.

La ley exige que publiquen cláusulas de responsabilidad, que muestren letreros con tarifas de todos los servicios que proveen, que proporcionen contratos escritos a los clientes, que les permitan cancelar los servicios dentro de un plazo de tres días y que pueden recibir su dinero y documentos de vuelta. Los dueños de negocios también deben probar que compraron un seguro de $50,000 dólares, diseñado para cubrir cualquier reclamo en su contra.

El Inquirer descubrió que Ana Molina, una peruana que dirigía un conocido negocio de servicios de inmigración en Northeast Philadelphia, se aprovechaba de inmigrantes desesperados por obtener un estatus migratorio legal.

Ella les cobró miles de dólares por trabajos que nunca hizo o que legalmente no podía desempeñar. Algunas víctimas dijeron a periodistas de El Inquirer que ella fingió ser una abogada profesional, que solo aceptaba pagos en efectivo, y que los engañó todo el tiempo que trabajaron con ella.

Cuando la concejal Gym leyó el artículo, dijo que se sintió obligada a actuar.

“Conocemos todas las grandes tiendas. Ninguna se ha registrado, por lo que podemos comenzar rápidamente por allí, pidiendo los registros y exigiendo que publiquen las cláusulas y, para mí, es bastante sencillo”, dijo Gym. “Creo que la investigación le recordó a la gente no solo lo que no se estaba haciendo, sino por qué vale la pena hacerlo”.

Los legisladores de la ciudad dicen que la implementación de la ley de 2014 no estaba diseñada para estar bajo la responsabilidad exclusiva del Departamento de Licencias e Inspecciones. La agencia tiene aproximadamente 55 inspectores en nómina, para hacer cumplir el mantenimiento de las propiedades, la seguridad contra incendios, los códigos de zonificación y el cumplimiento de los permisos comerciales en toda Filadelfia; responden a más de 35,000 quejas anuales. Desde su promulgación, los legisladores de la ciudad reconocieron que la ley planteaba desafíos de implementación.

Lauren Cox, portavoz del gobierno local, dijo que la labor que conlleva garantizar que estos negocios no cobren a los clientes por referencias a abogados ni prometan buenos resultados, es muy pesada y agotadora para que Licencias e Inspecciones la haga cumplir.

Agregó que la ciudad llevó a cabo una iniciativa en 2017, en un área alrededor de las calles 5 y Wyoming en Feltonville, para que los dueños de negocios conocieran sobre la ley y se registran.

Solo un negocio lo hizo, pero nunca renovó su registración.

Cox dijo que, mientras visitaban las empresas en 2017, los empleados de la ciudad escucharon repetidamente a los propietarios de empresas “quejarse de que el requisito del seguro era un obstáculo grande para las pequeñas empresas”.

Generalmente, un seguro de $50,000 dólares para este tipo de negocio cuesta $1,000 dólares al año. Pero, los propietarios de estos negocios están propensos a que se les niegue la aseguranza, si tienen el crédito malo, antecedentes penales, un historial de reclamos de seguros o problemas con su licencia comercial.

La portavoz Cox dijo que se necesitarían medidas legislativas adicionales desde el Concejo Municipal para ajustar o eliminar el requisito del seguro.

Pero el concejal Mark Squilla, quien apoyó el proyecto de ley, dijo que no le gusta esa idea. “El problema es que si no lo tienen [que pagar, el seguro], ¿qué protección hay para las personas que usan ese servicio?”.

Al menos dos de los antiguos clientes de Molina la demandaron en un tribunal de reclamos menores con la esperanza de recuperar su dinero. Ambos ganaron los casos, pero solo uno logró que Molina le devolviera el dinero.

Molina, de 56 años y residente en Cherry Hill, se declaró culpable el mes pasado de fraude por correo postal y robo de identidad, en relación con su negocio de servicios de inmigración. Ella enfrenta una sentencia mínima obligatoria de dos años en prisión y debe pagarle retribuciones a sus víctimas.

Durante una entrevista el año pasado, Molina dijo que estaba ligeramente al tanto de la ley, pero que nunca llegó a registrarse.

La investigación de El Inquirer mostró cómo las autoridades federales tardaron años en presentar cargos penales contra Molina, a pesar que se acumulaban las denuncias contra ella y aumentaba el número de víctimas. Dos de ellas dijeron a periodistas de El Inquirer que se habían quejado ante las autoridades de inmigración, pero que no pasó nada durante años.

Aunque estadísticas muestran que las quejas en Pennsylvania aumentaron el año pasado, es raro que las víctimas denuncien las estafas y, como resultado, el fraude en los servicios de inmigración no se reporta.

“A menos que las personas lo denuncien, es realmente difícil saber quién está haciendo qué”, dijo la concejal Maria Quiñones-Sánchez, quien votó a favor del proyecto de ley. “En la cultura [administrativa] de Donald Trump, la gente indocumentada no siempre te dice (...) van a esos lugares y la gente les dice lo que quieren escuchar, no la verdad. No quieren reportar que han sido estafados”.

El año pasado, votantes en Filadelfia aprobaron una medida para hacer que la Oficina de Asuntos del Inmigrante fuera una agencia municipal permanente, que tiene un presupuesto de $511,500 dólares al año.

Kenney dijo que los inmigrantes indocumentados pueden llamar a la oficina para obtener orientación sobre sus derechos y denunciar el fraude, todo sin temor a ser deportados. El liderazgo de la oficina está comprometido “a combatir a estos ladrones que están robando a personas que están en una posición difícil”, dijo Kenney el martes durante una entrevista breve.

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Eusebio dijo que su plan es educar a las empresas e inmigrantes sobre lo que es y no es legal. Un paso clave es enseñar a los inmigrantes que quienes se anuncian como “notario público” no están autorizados a proporcionar servicios legales, como lo están en muchos países de América Latina.

Ella dijo que su objetivo es conseguir el apoyo de fiscales estatales y locales, del Departamento de Comercio de la ciudad y de los líderes de Licencias e Inspecciones para ayudar a que las empresas cumplan, imponiendo multas y cargos penales, si se justifican.

“Hay muchas personas interesadas en esto y necesitamos un mayor esfuerzo coordinado”, dijo. “Estamos buscando soluciones”.