Es temporada alta de trabajadores agrícolas en South Jersey y algunos siguen confundidos con las pautas de seguridad de COVID-19.

Cuando el coronavirus golpeó a Nueva Jersey, Filemón Matías sintió que debía ser responsable por la seguridad de los trabajadores que iba colocando en la fuerza laboral del estado, particularmente con los que fueran empleados por los granjeros locales.

Es propietario de Jersey Labor Services en Bridgeton, una agencia que ha buscado empleo a residentes de Nueva Jersey y a trabajadores migrantes en los sectores de manufactura, servicios y agricultura, durante los últimos ocho años. La agencia ha contratado a 180 empleados desde mediados de abril, para recolectar o empacar productos agrícolas en granjas y otras instalaciones, ubicados en los condados de Cumberland, Gloucester y Atlantic.

Para garantizar que los trabajadores del campo estuvieran saludables y fueran ubicados en entornos seguros, Matías creó nuevas cláusulas y procedimientos para sus contratos de la temporada alta de este año: la agencia evaluaría a los trabajadores para detectar el coronavirus antes de enviarlos a las granjas y les ofrecería información sobre las pautas de salud y seguridad de COVID-19. El empleador sería responsable de garantizar condiciones sanitarias seguras.

“Quería asegurarme de que los trabajadores se mantuvieran en buena salud, que supieran cuáles son los riesgos y la razón por la que debían hacerse la prueba, especialmente para evitar que se propagara esa narrativa de que portan el virus”, dijo Matías.

Matías, de 50 años, solía ser un trabajador social en el sector de la salud. Se asoció con organizaciones sin fines de lucro con tal de proporcionar pruebas de COVID-19, cuidado de niños y sesiones informativas sobre las medidas de seguridad para los trabajadores. Pero a mediados de junio, un incidente con un grupo de 65 trabajadores migrantes que viajaban desde el sur del país le hizo cambiar de opinión sobre las pruebas de coronavirus.

Dijo que la mitad del grupo se negó a hacerse la prueba, porque habían viajado desde Florida. Creían que el clima cálido mataba el coronavirus y que, por tanto, no estaban infectados. Supo que ese grupo de trabajadores encontró empleo, a través de otros contratistas y granjas.

Matías dijo que de los 35 trabajadores que permanecieron con su agencia, cinco dieron positivo al coronavirus. Después de enviar a cuatro hombres y una mujer a pasar la cuarentena en el hospital ambulatorio del Centro de Convenciones de Atlantic City, Matías les dio $400 dólares a cada uno por los salarios que perdieron durante su recuperación.

Debido a que Matías tuvo que financiar los días de enfermedad de los trabajadores del campo, decidió que ya no podía permitirse el lujo de realizar pruebas. Pero, le inquieta que nadie se haga responsable de las pruebas. También le preocupa la salud del número cada vez menor de trabajadores en el campo y el impacto que tendrá la escasez de empleados en la industria agrícola del estado.

“Si ambas partes no entienden la sensibilidad de este momento, nuestros trabajadores se enfermarán, menos empleados trabajarán los cultivos y la cosecha se perderá”, dijo.

Aunque la administración del gobernador Phil Murphy emitió un conjunto de pautas el 21 de mayo de 2020, para ayudar a las empresas agrícolas y a los trabajadores del campo a minimizar la exposición a COVID-19, legisladores están presionando por regulaciones estatales más estrictas para la industria, donde se estima que 20,000 trabajadores están empleados durante la temporada de verano.

La senadora estatal M. Teresa Ruiz (D., Essex) es la patrocinadora oficial de un proyecto de ley llamado Ley de Salud y Seguridad Epidémica para los Trabajadores Agrícolas, copatrocinada por la senadora estatal Nilsa Cruz-Pérez (D., Camden-Gloucester).

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Cruz-Pérez dijo que los dueños de granjas tienen la opción de dejar de lado el cumplimiento de las regulaciones que fueron emitidas por los Departamentos de Salud, Agricultura y Trabajo del estado. Las pautas incluyen evaluar a los empleados, mantener el distanciamiento físico, ofrecer equipos de protección personal y otras medidas que mejoren las condiciones sanitarias.

Dijo que el proyecto de ley propuesto haría que las regulaciones sean obligatorias.

“Hay agricultores que son muy responsables, porque protegen a sus trabajadores y a los consumidores. Pero hay quienes no lo son, y me preocupa que los trabajadores no reciban la protección que necesitan, a menos que las normas sean obligatorias“, dijo.

El proyecto de ley también requeriría que el Departamento de Salud realice inspecciones para determinar si los empleadores cumplen con los estándares, y sancionaría cada violación con multas que oscilan entre $250 y $500 dólares. Está programado para una sesión de votación el día 30 de julio de 2020 en la Cámara del Senado de Nueva Jersey.

Jessica Culley, coordinadora general del Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA), dijo que la legislación propuesta proporcionaría las inspecciones y medidas de protección adicionales necesarias para garantizar una baja tasa de COVID-19 hacia la temporada de cosecha de 2021. Pero, teme que el proceso legislativo esté tomando demasiado tiempo. Dijo que el gobernador Murphy podría firmar una orden ejecutiva, bajo la ley de emergencia de salud pública del estado, para establecer medidas obligatorias de inmediato.

Desde principios de mayo, el personal de CATA han visitado 40 granjas para documentar las condiciones sanitarios y para educar a los trabajadores sobre sus derechos. En las granjas donde la mayoría de los empleados dio negativo, los empleadores proporcionaron mascarillas, jabón y pruebas, disminuyeron la cantidad de personas que ocupan las estancias de vivienda grupal y redujeron la cantidad de pasajeros en los vehículos utilizados para transportar a los trabajadores.

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Sin embargo, Culley estima que el 25% de aproximadamente 300 granjas localizadas en el sur de Nueva Jersey no está cooperando con las clínicas médicas que ofrecen los programas de evaluación de COVID-19.

Y consideró que realizar una sesión única de pruebas en las granjas tampoco es suficiente, especialmente cuando la escasez de trabajadores ha motivado a los empleadores a desplazar trabajadores del campo, de granja en granja, con incentivos como mejores pagos de salarios.

Culley dijo que las pautas recomendadas por el estado permiten que los dueños de granjas puedan albergar y emplear a trabajadores asintomáticos que han dado positivo al COVID-19, siempre que trabajen en grupos separados de aquellos que no están infectados. Consideró que este tipo de práctica “no es realista”.

“Debemos encontrar formas para aliviar el dolor y la pérdida en la comunidad; resaltar la importancia de estos trabajadores e impulsar una reforma migratoria, no lo contrario”, dijo.

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, las clínicas que trabajan en coordinación con el estado, llamadas Centros de Salud Calificados a nivel Federal (FQHC, en inglés), se han acercado a los granjeros para evaluar a los trabajadores agrícolas empleados en el sur del estado durante esta temporada.

Cuatro FQHC están proporcionando evaluaciones y pruebas a bordo de furgonetas móviles o en clínicas ambulatorias tipo carpa en las inmediaciones de las granjas. Pero, el departamento no proporcionó el número total de centros de salud que trabajan en coordinación con la agencia, ni el número de granjas que participan en los programas de pruebas.

Los FQHC informaron que 4,151 trabajadores agrícolas fueron evaluados entre el 30 de abril y el 8 de julio. 338 resultaron positivos al coronavirus.

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Uno de los granjeros que evaluó a sus trabajadores fue Tom Sheppard, presidente de Eastern Fresh Growers en Cedarville. Dijo que el negocio familiar centenario emplea a 250 personas: el equipo de empaque es local mientras que el equipo de recolección es una combinación de migrantes interestatales y trabajadores con visas H2-A. Sheppard dijo que 120 de los trabajadores que recogen los pimientos, pepinos y maíz dulce venían de México, debido a la escasez de mano de obra en esta temporada.

Dijo que la mayoría de los 250 trabajadores fueron evaluados durante una sesión ambulatoria de servicios, proporcionados por el FQHC CompleteCare, el 19 de abril de 2020. Y que los trabajadores que ha empleado desde entonces están siendo evaluados en un consultorio médico local.

Alrededor del 10% de sus empleados ha dado positivo. Dijo que estos empleados fueron enviados a un campamento de vivienda de la granja, donde pasan la cuarentena, con un máximo de 12 personas a la vez, y que se les paga la licencia por enfermedad correspondiente a una semana laboral de 40 horas.

Sheppard dijo que le pidió al Departamento de Salud una segunda ronda de pruebas, pero las pautas vigentes actualmente no permiten hacerle pruebas a trabajadores sin síntomas. Añadió que mantenerse al día con regulaciones tan cambiantes ha sido un desafío. Dijo que los resultados de las pruebas se demoran de tres a seis días, los suministros de mascarillas se retrasan por semanas y los umbrales de temperatura para los síntomas de COVID-19 cambian constantemente.

“Es una situación fluida, así que solo nos queda aguantar la respiración, en espera de que no haya un resurgimiento (de infecciones)”, dijo Sheppard.

Ed Wengryn, investigador asociado del Buró de Granjas de Nueva Jersey (Farm Bureau), dijo que los agricultores saben que estarán fuera del negocio si no cumplen con las regulaciones del departamento de salud, pero que ha costado tiempo poner a todos “en la misma página”, especialmente con el asunto de las pruebas.

Dijo que todos los dueños de granjas se han quejado de la escasez de trabajadores; algunos esperaban emplear a trabajadores que regularmente viajan desde Puerto Rico, pero que no vinieron esta temporada.

Wengryn dijo que la comunidad agrícola ya está siguiendo las recomendaciones estatales, implementando el distanciamiento físico cuando sea posible, proporcionando equipos de protección personal, colocando barreras de plástico entre los empacadores, tomando temperaturas diariamente y poniendo en cuarentena a los trabajadores que dan positivo.

“Estamos trabajando con los Departamentos de Salud y Agricultura y con las organizaciones comunitarias de salud para visitar las granjas y hacer que la gente salga y se haga la prueba”, dijo.

Con respecto a la legislación propuesta por Ruiz y Cruz-Pérez, Wengryn dijo que la intención del proyecto de ley es buena, pero podría sobre regular la industria agrícola. Dijo que el estado podría emitir una orden ejecutiva, si hubiera un aumento en los casos de COVID-19 en la comunidad agrícola.

Ruiz dijo que su proyecto de ley no se trata de establecer tratamiento diferente para este sector, sino de crear una línea de base sobre los requisitos que deben cumplir en la industria agrícola. Una ley complementaria asignaría un total de $5 millones de dólares para que los agricultores puedan comprar materiales de protección, mediante subvenciones con fondos federales.

“Si supieras exactamente lo que se requiere de ti, no tendrías ninguna confusión sobre en qué página debes estar”, dijo Ruiz.